Las claves:

• El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, con el objetivo de aumentar su resiliencia, robustez y estabilidad.
• La norma, que recupera parte del contenido del Real Decreto-ley 7/2025, pretende aprovechar las oportunidades de la transición ecológica a través del impulso al almacenamiento energético, la repotenciación de instalaciones y la aceleración de la electrificación de la economía.

Más control y transparencia en el sistema eléctrico

El Real Decreto refuerza la supervisión y el control del sistema eléctrico y amplía las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que elaborará informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión de los agentes del sector. Además, el regulador llevará a cabo un plan extraordinario de inspección de las capacidades de reposición del suministro, que se repetirá cada tres años.

Por su parte, Red Eléctrica, como Operador del Sistema, deberá presentar en un plazo de entre tres y seis meses propuestas normativas para mejorar la respuesta ante oscilaciones de potencia, la velocidad de variación de tensiones y la programación de restricciones técnicas. También definirá procedimientos para monitorizar incidentes y coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y distribución, con el fin de reforzar la fiabilidad del suministro eléctrico en todo el territorio.

Impulso al almacenamiento energético y a la electrificación

Uno de los ejes centrales del Real Decreto es el fomento del almacenamiento de energía, considerado esencial para la estabilidad del sistema y la integración de energías renovables.

España prevé alcanzar 22,5 gigavatios (GW) de capacidad de almacenamiento en 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. La nueva norma prioriza la instalación de sistemas de almacenamiento híbridos junto a plantas de generación ya existentes, siempre que se ubiquen en terrenos ya antropizados, con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa y optimizar el uso del suelo.

Para impulsar la electrificación de la economía, el decreto facilita la conexión a la red de nuevas actividades económicas, especialmente industriales, y limita a cinco años la vigencia de los derechos de acceso y conexión otorgados, con el fin de evitar acaparamientos y especulación.
Asimismo, las solicitudes deberán identificar el código CNAE de la actividad, que deberá coincidir con la finalmente desarrollada, garantizando así un uso eficiente de la capacidad de red.

El texto también acorta los plazos de respuesta de las distribuidoras eléctricas para la ejecución de extensiones de red, un aspecto clave para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Dependiendo del tipo de obra necesaria, los plazos oscilarán entre cinco y ochenta días, lo que agilizará significativamente los tiempos de conexión y ampliación.

Repotenciación y desarrollo tecnológico

La norma incorpora al ordenamiento jurídico la definición europea de repotenciación, es decir, la renovación de instalaciones con nuevas tecnologías más eficientes, y establece un plazo de nueve meses para la elaboración de una Hoja de Ruta Nacional de Repotenciación. Este plan incluirá objetivos estratégicos y medidas regulatorias, técnicas y financieras que incentiven la sustitución de equipos antiguos y aumenten la eficiencia y producción de energía renovable.

El decreto también regula las plataformas de I+D+i destinadas a la prueba de prototipos de generación y almacenamiento, simplificando el proceso de autorización para facilitar la innovación. Bastará con una única autorización de explotación para desconectar y conectar nuevos prototipos, impulsando así el desarrollo tecnológico en el sector energético español.

Además, se unifica y aclara la regulación sobre las autorizaciones de puesta en servicio de instalaciones de generación y almacenamiento, incluyendo los casos en que varios proyectos compartan infraestructuras de evacuación, con el fin de agilizar los trámites y garantizar la coherencia técnica y administrativa de todo el proceso.

Fuente: Review Energy

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